Pese a considerarlo injusto para buena parte de los contribuyentes, los socios del tripartito catalán no se ponen de acuerdo a la hora de concretar la rebaja del discutido tributo.
La proximidad de las elecciones autonómicas en Cataluña, previstas, como muy tarde, para noviembre del año que viene, ha llevado a los socios del tripartito catalán a abordar, por fin, una reforma del Impuesto de Sucesiones. La forma y la intensidad de la rebaja, sin embargo, todavía se desconocen y sólo queda claro que las discrepancias en el seno del Gobierno catalán explican la falta de concreción.
Desde hace años, el Impuesto de Sucesiones es el tributo más batallado desde un amplio
abanico de sectores sociales, especialmente después de que en Madrid, Comunidad Valenciana y otras comunidades –sobre todo aquellas gobernadas por el PP– el impuesto haya desaparecido a efectos prácticos. El Gobierno catalán lleva años reconociendo que el impuesto, especialmente en lo que afecta a las herencias, es injusto en muchos casos y aunque la izquierda es contraria a su supresión completa hay un amplio consenso en la necesidad de rebajarlo.
Pero el momento para hacerlo parece no llegar nunca. En 2008, el Gobierno catalán puso un parche, a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat, para combatir, según dijo textualmente el Departamento de Economía, la competencia fiscal de otras comunidades. Se redujeron los tipos impositivos y se elevó el mínimo exento hasta medio millón de euros por heredero, al tiempo que se promovían las donaciones en vida.
La falta de la nueva financiación autonómica, señaló entonces el conseller de Economía, Antoni Castells, obligaba a posponer una reforma más en profundidad. Ahora, sin embargo, la crisis forzará a la Generalitat a superar incluso el límite de déficit introducido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que forma una excusa perfecta para volver a retrasar la reforma: el Gobierno catalán debe hacer frente a una rebaja del 9,8% en los ingresos vinculados al modelo de financiación, aún con los 2.613 millones adicionales del nuevo sistema y a pesar de contar todavía con los casi 900 millones de Sucesiones y Donaciones. La agenda electoral y la presión de CiU impedirán la intentona.
El viernes, con la presentación de los Presupuestos para 2010, Castells garantizó que se reformaría el tributo pero que todavía estaba por ver el modo –ley de acompañamiento o una ley concreta para ello–. Por el momento, se alarga de un año a dos el plazo para que los herederos tengan que hacer frente a sus obligaciones fiscales.
Según ERC, el mismo viernes por la noche se llegó a un principio de acuerdo para rebajar el tributo a través de la ley de medidas fiscales y financieras –de acompañamiento– para que ya en 2010 la rebaja sea efectiva.
Aunque el PSC ha evitado confirmar este principio de acuerdo, todo hace pensar que la reforma se quedará en un nuevo retoque. En 2010, señaló ayer el secretario general de ERC, Joan Ridao, “habrá que modificar también la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, para que se produzcan cambios con más profundidad”.
Desde ICV, su secretario general, Joan Herrera, aseguró ayer que “las clases medias y trabajadoras no deben pagar” por las sucesiones, lo que tendría un impacto en la recaudación del 15%, aunque opinó debe seguir existiendo para las rentas altas.
