RESUMEN INFORMATIVO: Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo

de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19

MORATORIA DE DEUDA HIPOTECARIA PARA LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA HABITUAL

Se ha establecido una moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19.

Se considera que se está en situación de vulnerabilidad económica a consecuencia del COVID-19 cuando:

  • El deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída sustancial de sus ventas.
  • Que el conjunto de ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud (en extracto):
    • Con carácter general, el límite de 3 veces el IPREM.
    • Este límite se incrementa en 0,1 por cada hijo a cargo, o 0’15 en caso de unidad familiar monoparental.
  • Que la cuota hipotecaria más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Que como consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas.
    • Cuando la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3.
    • Que se ha producido una caída sustancial de las ventas de al menos el 40%.

MEDIDAS DE FLEXIBILACIÓN DE LOS MECANISMOS DE AJUSTE TEMPORAL DE ACTIVIDAD PARA EVITAR DESPIDOS (ERTEs)

En el artículo 22 y siguientes del capitulo II del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, vienen reguladas las Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos.

La empresa podrá solicitar la suspensión y reducción de jornada de los contratos de los trabajadores que tengan su causa directa:

  • En pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración de estado de alarma, que impliquen:
    • La suspensión o cancelación de actividades
    • Cierre temporal de locales de afluencia pública
    • Restricciones en el transporte público y
    • En general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías
    • Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad
    • Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.

Los citados casos tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

La empresa será la encargada de decidir sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que serán efectivas a partir de la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.

En general, deben entenderse integradas en el concepto de fuerza mayor temporal las siguientes circunstancias:

  1. Las derivadas de las distintas medidas gubernativas o sanitarias de contención adoptadas hasta la fecha, incluida la declaración de estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, que impliquen o puedan implicar, entre otras, suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías. A tales efectos, todas las actividades incluidas en el anexo de real decreto antes citado se consideran afectadas por fuerza mayor temporal.
  2. Las debidas a situaciones urgentes y extraordinarias provocadas por el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo, que queden debidamente acreditadas.
  3. Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad o impongan la suspensión de ciertas actividades laborales, siempre que traiga su causa en las medidas excepcionales decretadas por la autoridad gubernativa o recomendadas por las autoridades sanitarias, en ambos casos en relación al COVID-19.

Las empresas que no entren en esta definición, pero estén igualmente afectadas de forma indirecta por la crisis sanitaria derivada del COVID-19, podrán suspender temporalmente los contratos de sus trabajadores por causas económicas, productiva, técnicas u organizativas, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 47 ET y atendiendo a las siguientes especificidades:

a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.
En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días.

b) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de siete días.

c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN EN RELACIÓN CON LOS PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR FUERZA MAYOR

El artículo 24 del indicado RDLey, esblablece las medidas extraordinarias en materia de cotización en relación a los ERTEs por razón de fuerza mayor relacionados con el COVID-19.

En los expedientes de “ERTE”, de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de las cotizaciones a las seguridad social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020:

  • Las empresas con menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 100 % de la aportación empresarial.
  • Las empresas con 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.

La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los sistemas de comunicación necesarios para el control de la información trasladada por la solicitud empresarial, en particular a través de la información de la que dispone el Servicio Público de Empleo Estatal, en relación a los períodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA AUTÓNOMOS

Se ha establecido una prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por la declaración del estado de alarma por la crisis del COVID-19.

Con una vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020 (14 de marzo 2020) que declaró el estado de alarma, o hasta el último día de mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse este más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos:

  • cuyas actividades queden suspendidas en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o,
  • en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula siempre que cumplan los siguientes requisitos:
    1. Estar afiliados y en alta, en la fecha de declaración del estado de alarma en el RETA.
    2. En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75%, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
    3. Hallarse al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor de la Seg. Social invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingreses las cuotas debidas.

La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 70% de la base reguladora. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el RETA.

La prestación extraordinaria tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma si este tiene una duración superior a un mes.

La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.

MEDIDAS TRIBUTARIAS

1.- REAL DECRETO 465/2020 DE 17 DE MARZO (BOE 18/03/2020) DE MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 463/2020 DE 14 DE MARZO DE 2020 SOBRE EL ESTADO DE ALARMA:

En fecha de hoy se ha publicado el Real Decreto 465/2020 por el que se modifica el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.  Entre otros, se modifica y se aclara que la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos que se establecía en el RD 463/2020:

  • No será de aplicación a los procedimientos administrativos en los ámbitos de afiliación, la liquidación y la cotización de la Seguridad Social.
  • No será de aplicación a los procedimientos administrativos tributarios sujetos a normativa especial, ni afectará a los plazos para la presentación de declaraciones y autoliquidaciones tributarias.

Por lo tanto, la suspensión de los plazos no afecta a:

  • Los plazos para dar de alta o de baja a trabajadores o autónomos, ni a los plazos para realizar y presentar las liquidaciones y cotizaciones a la Seguridad Social.
  • Deberán presentarse dentro de los períodos normales de presentación todas las autoliquidaciones y declaraciones tributarias, sin perjuicio de poder solicitar el aplazamiento del pago que de ellas se derive en su caso.

2.- REAL DECRETO-LEY 8/2020 PUBLICADO EN EL B.O.E. EN FECHA DE HOY 18/03/2020, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19:

Se establece una nueva suspensión de plazos en el ámbito tributario, en concreto los siguientes:

a) Se amplían los plazos que no hayan concluido a la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 30 de abril de 2020 de:

  • Los plazos de pago de las deudas tributarias derivadas de liquidaciones practicadas por la Administración y deudas en período ejecutivo que hayan notificada la providencias de apremio
  • Plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos
  • Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con transcendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación.

b) Se amplían los plazos que se comuniquen a partir de la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 20 de mayo de 2020 (salvo que el plazo otorgado por la norma general sea mayor) de:

  • Los plazos de pago de las deudas tributarias derivadas de liquidaciones practicadas por la Administración y deudas en período ejecutivo que hayan notificada la providencias de apremio
  • Plazos y fracciones de acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos
  • Plazos para atender requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con transcendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales y de revocación.

Sin perjuicio de lo anterior, si el obligado tributario no hace reserva expresa al derecho de ampliación de plazo atiende al requerimiento o solicitud de información con transcendencia tributaria o presentase sus alegaciones, se considerará efectuado dicho trámite.

Además de lo anterior, el período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 de abril de 2020 NO computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos, sancionadores y de revisión tramitados por la AEAT, si bien durante dicho período podrá la AEAT impulsar, ordenar y realizar los trámites imprescindibles.

Este mismo período, no computará tampoco a efectos de los plazos establecidos para la prescripción de las acciones ni ha efectos de los plazos de caducidad.

Ante cualquier duda, disponemos del equipo de personas para ayudarle... Llámenos: +34 93 726 2434