Per complir amb l’obligació de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el canvi del Règim Especial, al General de la Seguretat Social, els ocupadors –els abans anomenats caps de família- i les persones empleades de la llar, es va establir un termini de 6 mesos, a comptar des del dia primer de gener de l’any en curs, (fins el dia 30 de juny de 2012).

 En aquesta norma s’estableixen, així mateix, noves bases de cotització; tracta de les baixes per incapacitat laboral de l’empleat de la llar, per malaltia o accident, etcètera.

Per una altra part el Reial Decreto 1620/2011 de 14 de novembre últim, va regular la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar, amb especial menció a la formalització de la relació laboral mitjançant contracte de treball per escrit; els drets i deures de cada una de les parts contractants; retribucions; temps de treball…

Donada l’especialitat de la matèria, a Bufet Cánovas ens posem a la seva disposició per informar-lo sobre aquest assumpte tant si vostè té contractat algun empleat domèstic, com si té intenció de contractar-lo o simplement desitja conèixer les noves normes reguladores del servei domèstic.

http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13242.pdf

El govern ha afagit un nou tram per les rendes més elevades i per tant les retencions també han variaran, afectant al càlcul de les nòmines i en les retencions per els lloguers dels locals comercials passant del 19% al 21%.
Aquesta variació de la retenció que se li fa a l’arrendador per les rendes rebudes en concepte de lloguers s’aplica des del mes de gener d’enguany. Degut a que la modificació es va anunciar a finals de desembre de 2011, en molts casos no va donar temps als arrendadors a actualizar la retenció a l’actual 21% en el més de gener, pel que en la majoria de casos s’ha optat per fer una actualització de la retenció en la renda del mes de febrer.

Las rupturas matrimoniales aumentaron un 3,9% en el año 2010 respecto al año anterior.
Los divorcios crecieron un 4,7%, mientras que las separaciones disminuyeron un 5,6%.
Tres de cada cuatro procedimientos de disolución se resuelven en menos de seis meses.
En el año 2010 se produjeron 110.321 disoluciones de matrimonios, un 3,9% más que en 2009. De esta manera, se rompe la tendencia descendente de las rupturas iniciada en 2007.
Por tipo de disolución matrimonial, se produjeron 102.933 divorcios (un 4,7% más que en el año anterior) y 7.248 separaciones (un 5,6% menos). Además, hubo 140 nulidades, un 10,2% más que en 2009.
Los divorcios representaron el 93,3% de las rupturas matrimoniales en el año 2010, frente al 6,6% de las separaciones y el 0,1% de las nulidades. De esta forma, se consolida la tendencia al alza de los divorcios en el global de las disoluciones matrimoniales.
En el año 2010 se produjeron 245 rupturas de matrimonios homosexuales. De esta cifra, 137 fueron entre hombres y 108 entre mujeres.

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“La figura de la dación en pago obligatoria que se está reivindicando desde diversos sectores, tiene el inconveniente que conduce inexorablemente a la pérdida de vivienda. En general, los notarios somos más partidarios de soluciones novatitas, extrajudiciales, mediadoras que busquen alternativas y soluciones a la pérdida de la vivienda de las familias”. Así de contundente se ha mostrado Joan Carles Ollé, vicepresidente del Consejo General del Notariado, en la inauguración de la cuarta sesión del Congreso Notarial Español este domingo en Benidorm, que celebra el 150 aniversario de la Ley del Notariado.

Ollé considera que hay, además, otras medidas que podrían implementarse y que mejorarían la posición del deudor. En su batería de propuestas incluye limitar los intereses de demora, que cree “claramente excesivos en estos momentos”, reformar la Ley de Enjuiciamiento Civil, en su opinión, mejorable en muchos aspectos, potenciar el procedimiento de ejecución extrajudicial para que sea más rápido, sencillo y económico, regular el concurso de particulares o, incluso, estudiar y promover una ley de segunda oportunidad, similar a la que ya tienen otros países como Bélgica, Alemania o Francia.

Pero las propuestas no se quedan ahí. El vicepresidente de los notarios estima que también son necesarias reformas legales que incrementen la seguridad jurídica en algunos campos específicos de la contratación del mercado de la vivienda. Su propuesta consiste en que, en la fase previa al otorgamiento de la escritura, de tratos preliminares y firma de documentos privados o de arras, el notario interviniera de alguna manera para proteger al comprador, ya que, en estos casos, los documentos suelen ser redactados por los asesores jurídicos de los grandes operadores, con lo que la situación de desequilibrio y riesgo para el consumidor se multiplica.

En su intervención, Ollé también ha abordado el ámbito del alquiler de viviendas. A su modo de ver, en la regulación actual de los contratos de arrendamiento hay una insuficiente seguridad jurídica, en este caso para los arrendadores que podrían ver muy reforzada su posición con una preceptiva intervención notarial que facilitase el desahucio en caso de impago de rentas.
Por último, este representante de los notarios ha lamentado la pérdida de presencia del notario en materia urbanística y administrativa en general. Según ha dicho, una intervención notarial en determinados ámbitos urbanísticos añadiría seguridad jurídica, con el valor añadido de un control de legalidad independiente y externo.

En la inauguración del Congreso, Joan Carles Ollé ha presumido de que nuestro sistema de seguridad jurídica ha funcionado perfectamente tanto durante los tiempos del boom económico, como ahora en plena crisis. “La presencia e intervención del notario, con el control de legalidad, independencia e imparcialidad que aporta hace imposible que aquí pueda suceder algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos” en materia hipotecaria, ha sentenciado. Ollé recuerda que el sistema de seguridad jurídica estadounidense falló estrepitosamente, dando lugar a la crisis de las hipotecas subprime que ha contagiado a las economías de todo el mundo. “Es un sistema que no ofrece garantías jurídicas y que precisamente ahora se está reformando, ya que permitió muchos abusos y falsificaciones”, concluye.
Frente al sistema estadounidense, puesto en evidencia en la actual crisis económica, Ollé recuerda que nuestro sistema de seguridad jurídica ha funcionado perfectamente: “Nadie en España que haya comprado una vivienda ante notario, y podemos añadir que después haya acudido a recibir la protección que dispensa el registro, ha tenido ningún problema que haya perturbado su derecho de propiedad”.
Especialmente orgulloso de su colectivo se ha mostrado el presidente del Consejo General del Notariado, Manuel López Pardiñas, quien ha asegurado que el sistema notarial español se caracteriza por su “excelencia, eficiencia y valor económico”, siendo “más barato” que en los países de nuestro entorno. “Una función como la nuestra, que aporta seguridad jurídica a la sociedad española, es perfectamente capaz de dar respuesta a los retos del futuro de la economía española”, ha apuntado.

También ha intervenido Paula Sánchez de León, consejera de Presidencia y vicepresidenta de la Generalidad Valenciana, quien ha recordado que el notario es una figura imprescindible porque proporciona seguridad jurídica y sin ella no hay confianza. Ha recordado que a los notarios debemos desde la sociedad de gananciales hasta la letra de cambio.

Link BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2010/07/03/pdfs/BOE-A-2010-10544.pdf

Los datos de Tinsa, autora del 25% de las tasaciones de viviendas que se realizan en España, como los de otros agentes del mercado como Fotocasa, que elabora una estadística inmobiliaria con el IESE, parecen empeñados en contradecir la opinión de los expertos internacionales como el FMI (que augura descensos adicionales de precios del 40%) o el semanario británico The Economist (que cree que los precios deberían caer aún un 43%). Así, según Tinsa, los precios se están estabilizando tras las fuertes caídas de los últimos meses de forma que el índice, que la firma elabora desde enero del 2001, subió incluso ligeramente en marzo.

Raúl García, director comercial de Tinsa, reconoció que los precios de la vivienda pueden seguir bajando en los próximos meses, impulsados por el aumento de los tipos de interés, y por otros factores como la falta de confianza del consumidor, los altos niveles de desempleo, o la incertidumbre regulatoria. Con todo, no consideró posibles en el mercado español descensos como los que prevén The Economist o el FMI.

“El mercado inmobiliario español es muy diferente del de otros países como Reino Unido o Estados Unidos, que se utilizan como referencia en esos estudios, porque tiene casi un 90% de vivienda en propiedad mientras que allí hay una parte muy importante de alquiler. En esos países la vivienda se comporta como un bien de inversión, en el que el precio de venta es muy elástico en función de la rentabilidad que ofrece el alquiler sobre el capital invertido, mientras que en España la compra por inversión es casi marginal”, señaló García.

Así, el directivo de Tinsa recordó que el año pasado se vendieron en España unas 500.000 viviendas, entre nuevas y de segunda mano, un nivel de transacciones similar al de los años 1999, 2000 y 2001 “cuando no se creía en absoluto que el sector inmobiliario español estuviera en crisis”. Esta cifra, sin embargo, se dobló en los años del boom.

García recordó también que incluso la compra como inversión ha vuelto a ganar interés con la caída de precios. “Ya hay oportunidades en el mercado de comprar viviendas que den una rentabilidad por alquiler superior al 3,5%, que muchos inversores consideran atractiva”, aseguró. A su juicio, la incertidumbre sobre cambios regulatorios, dentro del ajuste presupuestario del estado frena un aumento de las adquisiciones por inversiones.

El ajuste, recordó el experto de Tinsa, ha sido además especialmente intenso en las zonas más afectadas por la burbuja, como la Costa Mediterránea, donde se concentran las segundas residencias (27% de caída) y en las capitales y áreas metropolitanas (alrededor del 21%). Según el índice inmobiliario de Tinsa, el precio medio de la vivienda en marzo era un 3,7% más barato que en marzo del 2010, y ha suavizado su caída desde enero, cuando la caída interanual era del 5%, aunque puede acusar a medio plazo el efecto de la subida de los tipos.

La tendencia a la estabilización del índice de Tinsa coincide con los estudios realizados por otras firmas, como el de IESE con Fotocasa. Este estudio, que analiza solo el mercado de segunda mano, señala que el precio de la vivienda acumula en España 41 meses de bajada desde los máximos (que en Madrid y Euskadi se alcanzaron a finales de 2006 y en Catalunya en diciembre del 2007), con una caída media del 24,5%. En tres provincias (Lugo, Palencia y Jaén), sin embargo, los precios han vuelto a repuntar y son ahora más altos que hace un año (un 7,3%, 2,3% y un 0,6% respectivamente), un fenómeno que se da también en un 7% de los municipios españoles, liderados por Estepona y Torrox, en Málaga, con alzas del 7,4% y el 6,6% respectivamente, y Ciempozuelos (Madrid) con un 2,9%.

John Dalli, Comisario Europeo de Salud y Política de Consumidores, ha declarado: «Estos preocupantes resultados indican que muchos consumidores son potencialmente vulnerables al fraude, la estafa o la venta forzada y no son conscientes de que pueden reconsiderar sus opciones y evitar compras innecesarias.0Si los consumidores tienen dificultades para tomar decisiones y evitar el perjuicio, no solo sufren ellos las consecuencias; también las empresas honradas e innovadoras, motores del crecimiento, salen perjudicadas». Y ha terminado diciendo: «Habrá que tener en cuenta estos resultados si queremos ayudar a los consumidores en un mercado cada vez más complejo, en el que el consumidor se enfrenta a un exceso de información».

La encuesta
La encuesta se realizó en 2010 en veintinueve países (UE27, Islandia y Noruega); participaron 56 471 consumidores, que respondieron a setenta preguntas relativas a tres dimensiones principales de la capacitación del consumidor: competencia, concienciación, y seguridad en sí mismo. El objetivo es conocer mejor las competencias, la concienciación y la seguridad en sí mismos de los consumidores a fin de diseñar y desarrollar mejor las políticas, tanto a escala de la UE como a escala nacional, que tienen en cuenta el comportamiento real.

Principales resultados
Los resultados muestran que la concienciación y las competencias de los consumidores son alarmantemente bajas. Sin embargo, existe un considerable potencial para capacitar a los consumidores, mejorando así su bienestar y reduciendo los perjuicios que se les causa. Internet y los medios de comunicación tienen un importante papel que desempeñar por lo que se refiere a la capacitación de los consumidores, si se tiene en cuenta que más de un 38 % utiliza internet para comparar productos y que los medios de comunicación tienen una gran capacidad para llegar directamente a los ciudadanos.

Perjuicios causados a los consumidores y derecho a recurso
Más de uno de cada cinco europeos encuestados dijo haber tenido algún problema que le había dado motivo para la queja. Se estima que el perjuicio causado a los consumidores asciende a cerca de un 0,4 % del PIB. Las personas mayores o con un nivel de formación más bajo son más reticentes a buscar una compensación, aunque no están menos expuestas a tener problemas. La encuesta confirma la importancia del acceso a un recurso adecuado. Muchos de estos problemas se podrían resolver si hubiera más mecanismos alternativos de solución de conflictos (ADR).

Competencia de los consumidores
En términos de competencias numéricas, los consumidores tienen problemas con los cálculos simples: solo un 45 % fue capaz de contestar correctamente tres preguntas relacionadas con el consumo. En términos de competencias financieras, dos de cada diez personas encuestadas fueron incapaces de elegir la oferta más barata al adquirir una televisión de pantalla plana. Solo el 58 % fue capaz de leer correctamente una etiqueta con ingredientes, y un 18 % no pudo identificar la fecha de consumo preferente. Solo el 2 % de los consumidores reconoció cinco logotipos corrientes de información al público. El 33 % de los consumidores creía que el marcado CE significaba «Fabricado en Europa», y solo un 25 % sabía que lo que significa es, de hecho, que el producto «es conforme a la legislación de la UE». Muchos no conocían ninguna asociación de consumidores de su país.

Conocimiento de los consumidores de sus derechos
La mayoría de consumidores no era consciente de sus derechos fundamentales, como el derecho a que se repare o sustituya un producto defectuoso, o a que se les reembolse, en un plazo de 24 meses a partir de la fecha de adquisición, el derecho a cancelar un contrato en línea de servicios financieros en un plazo de catorce días si cambia de opinión o encuentra una oferta mejor, o también el derecho a cancelar un contrato celebrado con un vendedor a domicilio.

Puede comprobar sus conocimientos o encontrar más documentos o información en la siguiente dirección:

http://ec.europa.eu/consumers/consumer_empowerment/index_en.htm

Encontrará el Eurobarómetro 342 en la siguiente dirección

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm

Encontrará más información sobre el comportamiento de los consumidores en el IP/11/280, relativo al quinto cuadro de indicadores de consumo:

http://ec.europa.eu/consumers/strategy/facts_en.htm

http://www.european-consumer-summit.eu

«Cuando las familias se rompen, suelen ser los hijos los que más sufren», dijo la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria de Justicia de la UE. «La UE ya dispone de normas sólidas para garantizar que los hijos reciben ayuda económica si uno de los progenitores vive separado de ellos en otro Estado miembro de la UE. La firma por la UE de este Convenio internacional garantizará que los hijos siguen recibiendo la misma protección aunque uno de los progenitores se traslade a otro país fuera de la UE. El interés de los hijos debe primar y los progenitores no podrán eludir sus responsabilidades abandonando la UE. Insto a nuestros socios internacionales a que se unan a nosotros y ratifiquen este Convenio con prontitud.»

El nuevo Convenio creará un marco jurídico común entre la UE y los países no pertenecientes a la UE que lo ratifiquen, para facilitar el cobro internacional de las pensiones alimenticias familiares. Habida cuenta de que la gran mayoría de las pensiones alimenticias se refieren a niños, el Protocolo es, ante todo, una medida de protección del menor. Establece un sistema de cooperación entre las autoridades nacionales, proporciona asistencia jurídica gratuita en los casos de ayuda a menores, e incluye procedimientos para el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales sobre obligaciones de alimentos.

Este nuevo sistema también acelerará los procedimientos para localizar a los deudores en paradero desconocido, que actualmente son dilatados y farragosos. A nivel internacional, el Convenio completa el sistema de la Haya relativo al Derecho de familia ya en vigor en lo que respecta al secuestro de hijos, la responsabilidad parental y la adopción internacional.

Tras la firma hoy del Convenio por la Presidencia húngara en nombre de la UE, los Estados miembros de la UE tendrán que adoptar una decisión para que la UE celebre formalmente (o ratifique) el Convenio. Está previsto que el acuerdo de los Ministros de Justicia se alcance en una reunión del Consejo de Justicia y Asuntos de interior que se celebrará los días 9 y 10 de junio de 2011. A continuación, la UE podrá depositar el instrumento de ratificación tras el período de aplicación de 18 meses previsto, con lo que el Convenio entrará en vigor en 2013.

Los Estados Unidos, Noruega y Ucrania ya han firmado el Convenio, mientras que se espera que otros países que negociaron el Convenio (como Japón, China, Rusia, Australia, Canadá y Brasil) procedan de la misma manera en el momento en que la UE y EE.UU. pasen a la fase de ratificación.

Antecedentes
No existen estadísticas internacionales sobre el número de casos de pensiones alimenticias que requieren cobro transfronterizo. No obstante, se calcula que en la UE residen unos 16 millones de parejas internacionales, y que alrededor de 30 millones de ciudadanos de la UE residen fuera de la Unión Europea. Además, durante 2007 (último dato disponible) se registraron 1,2 millones de divorcios en los 27 países de la UE. Estas cifras indican un problema importante en lo que respecta al tratamiento y la ejecución de pagos de pensiones alimenticias por parte de progenitores ausentes que puede que no residan en la UE.

El Convenio de la Haya sobre cobro internacional de alimentos de 2007 complementa la legislación interna de la UE sobre pensiones alimenticias adoptada el 18 de diciembre de 2008: El Reglamento (CE) nº 4/2009 relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. El Reglamento y el Protocolo sobre la ley aplicable entrarán en vigor entre los Estados miembros de la UE el 18 de junio de 2011.

La celebración del Convenio por la UE reforzará las normas vigentes de la UE sobre el reconocimiento y la ejecución de resoluciones sobre alimentos, así como la cooperación administrativa entre las autoridades centrales mediante la creación en la UE de un conjunto armonizado de normas respecto de los terceros países que se conviertan en partes contratantes del Convenio.